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Una backdoor entre Apple y el FBI

Varios gigantes de Silicon Valley (Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Amazon y Yahoo) decidieron respaldar a Apple en su disputa contra las presiones del FBI, quien exige al coorporativo crear una backdoor para acceder al iPhone de la discordia, propiedad de Syed Farook, uno de los autores del tiroteo en San Bernardino el 11 de diciembre de 2015.
Por lo general, una backdoor es utilizada para que los fabricantes puedan realizar actualizaciones a los dispositivos. Estos accesos los vuelven más vulnerables. La controversia inició en 2013, cuando documentos filtrados por Edward Snowden revelaron la presión de la National Security Association para que las compañías agregaran backdoors (pero controladas o diseñadas para el gobierno) a sus productos con el fin de acceder a los datos.
Las exigencias de la NSA le han costado dinero a los negocios tecnológicos basados en Estados Unidos, según revela el estudio Surveillance Costs: The NSA’s Impact on the Economy, Internet Freedom & Cybersecurity (Julio, 2014). Las compañías norteamericanas pierden ventaja competitiva en mercados extranjeros, pues no pueden proteger a sus usuarios del espionaje de la NSA.
Con estos antecedentes, no es aventurado suponer que los cuatro jinetes de la tecnología (y compañía) piensan en su imagen hacia el exterior al defender con ahínco la privacidad de sus usuarios. O quizá su interés sí va más allá del dinero.
En Estados Unidos se ha iniciado un debate de hasta dónde es posible garantizar el derecho a la privacidad de los usuarios y hasta dónde pueden llegar las instituciones gubernamentales para mantener la seguridad.
Mas no sólo los gigantes tecnológicos se deben preocupar por resguardar la privacidad de sus usuarios, ni es un asunto exclusivo de convicciones y principios. El derecho a la intimidad está garantizado en el artículo 12° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particuales regula los datos recabados por cualquier persona física o moral.
Google, Facebook, Twitter, Yahoo y Microsoft han respondido a requerimientos del gobierno respecto a datos sobre sus usuarios mexicanos. Al cierre del primer semestre del 2015, los requerimientos de información a estas empresas contabilizaron 973 por parte de México, los cuales incidieron sobre datos de 1,712 cuentas o usuarios. Esto equivale a que, en promedio, se hicieron efectivas 49% de las solicitudes de información.
La disputa Apple/FBI sentará un precedente para México: la relación entre procuración de seguridad y justicia y la protección de la privacidad del individuo. Cualquier intervención o violación por parte de las autoridades será penalizada. Idealmente.

¿Qué tanta información pueden recabar las empresas?

La abogada Cynthia Solís, socia presidente de Lex Informática, comenta que la legislación en México permite recabar “cualquier cantidad de datos personales. No hay límite, siempre que sea justificable”. Mientras un médico requiere conocer las dolencias pasadas y presentes de su paciente, los comercios electrónicos recaban información tanto personal (nombre, dirección, números de tarjetas bancarias) como de comportamiento de navegación en su sitio Web.
Los smartphones son un caso más delicado. Cynthia Solís explica que “nuestros teléfonos inteligentes recopilan información de nuestro día a día, porque así están configurados”. Google Now puede deducir dónde se encuentra tu casa y dónde se encuentra tu trabajo por los datos recibidos mediante el GPS, por ejemplo.
Sin embargo, uno siempre tiene el derecho de limitar qué tanto quiere compartir de su información personal (como tiene el derecho de apagar el GPS). Y las compañías no pueden utilizar tus datos para algo más de lo declarado en su aviso de privacidad… a menos que gire una orden judicial.

¿Cuándo pueden las autoridades exigir acceso a información privada?

Móvil para investigación.
Las autoridades pueden exigir acceso a datos privados cuando hay un interés público.

Fernando Escalante Gonzalbo menciona en El Derecho a la privacidad (2004): “la actividad privada tiene límites siempre, dondequiera que puedan ponerse en riesgo intereses colectivos”. A esto apela el FBI en Estados Unidos, y también a esto pueden apelar las autoridades mexicanas en algún momento —como ya sucedió en Veracruz hace tres años.
Para dar datos a las autoridades “se debe justificar en un marco de interés público”, explica Cynthia Solís. En este caso, el FBI pide la colaboración de Apple para develar los motivos del tiroteo en el condado de San Bernardino, California.
Pero Apple se ha negado a cumplir con el pedido del FBI aunque la jueza federal, Sheri Pym, así lo ha ordenado. El caso será decidido en la Suprema Corte de los Estados Unidos.
“El problema reside en que el FBI quiere exceder sus facultades”, indica la abogada especialista en derecho informático. “Hay una presunción de mala fe de su parte”. En otras palabras, para el FBI todos los usuarios de un iPhone pueden cometer delitos, y por lo tanto debe haber una backdoor para investigarlos. Eres un posible culpable desde que el teléfono se vuelve de tu posesión.
Y es que el derecho a la confidencialidad tiene estrecha relación con la presunción de inocencia, según escribe Daniel O’Donell en Derecho internacional de los derechos humanos (2004).

¿Afectaría el fallo a los usuarios mexicanos?

Juicio para crear backdoor en iPhone.
La decisión final está en manos de la Suprema Corte de los Estados Unidos.

El fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos puede tener consecuencias para Apple a niveles económicos y comerciales, según indica Cynthia Solís. Y finalmente, podría ser obligado a crear la tan anhelada backdoor.
“Esta backdoor, en teoría, sólo puede ser utilizada para los usuarios de Estados Unidos, porque el FBI no tiene competencia en México”, acota Cynthia Solís. “En México, el INAI puede levantar la voz para no permitir que exista una puerta trasera en los iPhones”.
El conflicto entra en un punto crítico. Cynthia Solís espera que la Suprema Corte decida a favor de los derechos de los ciudadanos. “Existe un riesgo si dice que es un asunto de seguridad nacional”, opina. La abogada recalca que “los derechos deben coexistir, no hay uno que pese más que otro”. No se debe poner el derecho a la seguridad sobre el derecho a la privacidad.
Existen situaciones donde un derecho se puede sopesar. Cynthia Solís ejemplifica: “si habláramos de una ciberguerra, la autoridad podría suprimir el derecho a la información”. Mas el tiroteo de San Bernardino no forma parte de un conflicto a gran escala. “No se puede limitar el derecho a la privacidad por casos aislados”, resalta.

“No se puede limitar el derecho a la privacidad por casos aislados”.

—Cynthia Solís, Lex Informática

Mientras tanto, medios norteamericanos señalan la hipocresía de las compañías de Silicon Valley en este asunto. “¿No son las mismas compañías que Apple ha criticado por explotar tu información personal para vender ads y en efecto, poner en peligro tu privacidad?” menciona con ironía la agencia AP.

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